Elementos para el análisis de la libre expresión en México

Sin libertad de expresión una persona no puede comunicar lo que es, lo que siente y lo que piensa. Es un tipo de prisión intangible. Al mismo tiempo la expresión es el derecho que permite defender otros derechos.
Por: Claudia Romero, pasante de la RIDH

La libertad de expresión es un requisito para reconocer la dignidad humana y para que una sociedad madure. En primer lugar porque es la manera en la que la persona hace notar y reafirmar su existencia, pero además porque las opiniones, decisiones y acciones de una sociedad resultan de la asimilación que ésta hace de la información y la estimulación a las que es expuesta.Por otro lado, la libertad de expresión es necesaria para elevar el nivel de discusión y de resolución de los problemas públicos. La variedad de soluciones dependen en gran medida de la calidad y diversidad de la información disponible. Es por eso que una sociedad en donde todos puntos de vista tengan cabida es signo de una democracia y al mismo tiempo garantía para que otras libertades subsistan.El derecho a estar bien informado
Consciente o inconscientemente, una persona hace uso cotidiano de la información para la toma de decisiones, desde cómo concebir el significado de lo que le rodea, hasta qué consumir o a quién otorgar su voto. Es importante poder estar expuestos a distintas opciones y a distintas posturas. El derecho a contar con información suficiente para fundamentar las elecciones es por ello el elemento básico para el ejercicio de la libertad de expresión. Por el contrario, se atenta contra la misma cuando la información se oculta, se manipula o se distribuye de manera asimétrica.

Décadas atrás, nociones como cibercultura, infoxicación1 o la infomanía2 nos eran todavía indiferentes. Sin embargo, en el mundo de hoy el adagio “la información es poder” ha potenciado sus dimensiones. Con el surgimiento de nuevas tecnologías, las formas de expresión y de organización han ido y siguen todavía cambiando. Quienes producen, distribuyen y controlan la información lo saben.

Los medios de comunicación son poderes de facto cuya influencia en las personas, así como en las culturas y para la toma de decisiones políticas, sociales o económicas, es todavía un campo sin dimensión clara. La información es necesaria para vivir en sociedad y es también influyente, tanto para la generación de conciencia como para la persuación. Es por eso que una exigencia característica de las sociedades contemporáneas es la apertura a diferentes formas y fuentes de información con variedad de contenidos. Exigencia que se conoce como democratización de los medios.

Pero además, la expresión es la vía por la cual se puede externar indignación o denunciar algo que no es aceptable. Es, por lo tanto, un derecho que permite defender otros derechos e implica la posibilidad para manifestarse libremente. Cuando una manifestación pública es reprimida o censurada la sociedad pierde una versión de los hechos y una perspectiva necesaria para la resolución de sus conflictos. Es por eso que limitar la expresión de uno afecta el derecho de todos. Los ataques contra los comunicadores, por ejemplo, atentan contra el derecho de la población a estar informada.

El acceso a la información en México
El derecho de libre acceso a la información pública tiene rango constitucional en México desde 1997. En 2002 se promulgó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, que creó el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública para garantizar la transparencia y protección de datos personales en posesión del gobierno. Para 2007 ya se habían promulgado leyes análogas en los 31 estados de la república.

Luego de la reforma del artículo sexto constitucional en 2006, donde se estableció el principio de máxima publicidad, la protección del acceso a la información ha venido reforzándose a través de organismos autónomos en los estados, publicidad del uso de recursos públicos, sistema electrónico de peticiones y ampliación de organismos obligados a proporcionar información. México avanza en la materia a pesar de la posibilidad de restringir discrecionalmente la información de interés público por razones de seguridad nacional y de la falta de un órgano de supervisión independiente para los poderes legislativo y judicial, así como de procedimientos específicos para permitir el ejercicio efectivo del derecho en estados y municipios.

Por otro lado, internet se ha convertido en una herramienta que facilita la realización de derechos como la educación, y que ha demostrado ser un acelerador del desarrollo3. Además, la web ha sido una pieza clave para la movilización social durante los últimos años. Es por esto que, aunque se discute el Internet más como un medio para ejercer otros derechos que como un derecho en sí mismo, la Asamblea General de las Naciones Unidas determinó que los gobiernos están obligados a asegurar el acceso universal a internet a sus poblaciones.4

En la tendencia cibernética mundial, México arranca tarde. Aunque el servicio de acceso a internet en el país actualmente llega a un 40% de la población, o sea el 27% de los hogares y aproximadamente 41 millones de internautas, el país sigue ocupando el último lugar en penetración de banda ancha móvil y el penúltimo en banda ancha fija de los 34 países que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos5. La falta de infraestructura, de costos accesibles y de calidad en el servicio son los principales obstáculos para la incorporación de nuevos usuarios.

No obstante, existen iniciativas para elevar a rango constitucional, tanto local como nacional, el derecho de acceso a internet gratuito y promover programas de alfabetización digital. Así lo proponen la iniciativa local suscrita en el estado de Querétaro en 2012, la iniciativa “Libre Internet para Todos”6, lanzada por organizaciones de la sociedad civil en enero 2013 y la iniciativa de reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones presentada en el senado en febrero del mismo año. El Pacto por México, acuerdo celebrado entre los tres principales partidos políticos del país, menciona la creación de una red pública de Estado y una instancia responsable de la agenda digital del país.7 México daría un gran paso hacia el desarrollo si estas iniciativas llegaran a concretarse materialmente.

En materia de democratización de los medios de comunicación, con la reciente reforma de telecomunicaciones, que modifica los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 constitucionales, se avecina una serie de cambios. Además de garantizar el derecho de acceso a todos los medios y tecnologías de la información, se busca dictar nuevas reglas para la competencia, competitividad, calidad y precios en los servicios en televisión abierta, restringida, radiodifusión, internet y telefonía.8

La iniciativa, nacida de un difícil consenso político, toca los intereses de los agentes dominantes en televisión y en telefonía, disponiendo la apertura de dos nuevos canales de televisión abierta y la creación de tribunales especializados. Se contempla también la creación de entes reguladores autónomos, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, para la explotación de espectros radioeléctricos y la regulación de servicios, y la Comisión Federal de Competencia Económica, para el combate de prácticas monopólicas.

Con esta reforma, aunque fijada en términos económicos y no necesariamente con visión de derechos humanos, los de telecomunicaciones y de radiodifusión pasan a considerarse como “servicios públicos de interés general”. Con esto podrían sentarse buenas bases para fortalecer el derecho a la información. No obstante, detalles como el tiempo de implementación, el tema del control de contenidos y el hecho de que los derechos de las audiencias no se contemplen, deben atenderse para que la reforma se traduzca en mejoras concretas para la población. El gran reto de la reforma es la ley secundaria y su implementación, para la cual la Asociación Mexicana de Derecho a la Información ya lanzó una primera iniciativa.

Vea este vídeo: Cuál es el fondo de la reforma en telecomunicaciones

Al mismo tiempo en materia de telecomunicaciones la reforma desaparece el permisionado, única vía que anteriormente permitía acceder al uso de una frecuencia a las emisoras comunitarias, y establece en cambio la figura de concesionarios, con las categorías de “uso comercial, privado, social y público”. Hasta ahora las concesiones comerciales y públicas están definidas en la Ley Federal de Radio y Televisión pero las de uso social y privado no todavía. Es importante que la ley reglamentaria establezca una definición precisa de estas nuevas figuras, así como trámites claros y ágiles para la concesión de tipo social y el derecho a disponer de fuentes de financiamiento para garantizar su subsistencia económica.

El papel de la radiodifusión comunitaria es fundamental para la democracia y el desarrollo intercultural en México. Es importante que los pobladores de un país puedan comunicarse en su lengua natal sobre su territorio de origen, tanto en actividades económica y sociales, como religiosas, culturales o políticas. Para los pueblos indígenas, que conforman el 12% de la población mexicana, esto implica una serie de derechos linguísticos y culturales que van desde recibir enseñza en la lengua natal, hasta contar con servicios y documentos públicos en la misma o bien poder acceder facilmente a medios de traducción. La interculturalidad necesita de la presencia de todas las culturas. Por ello, es vital la inclusión de otras lenguas en servicios culturales como bibliotecas, cine, teatro, museos, y dentro de la publicidad e información comercial en los diferentes medios de comunicación.

Hoy la constitución mexicana está traducida a 13 de las 77 lenguas indígenas subsistentes y reconoce la diversidad cultural del país. Existen una Ley General de derechos linguísticos, un Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y 19mil centros educativos interculturales. Sin embargo, hacen falta todavía esfuerzos en cuanto a recursos, cobertura y adecuación a las necesidades de los locutores, para superar por ejemplo las dificultades técnica de estandarizar lenguas de tradición oral al escrito. Todos estos se suman a la lista de pendientes para la plena libertad de expresión en México.

Pero quizá el más alarmante de los pendientes es la situación crítica de riesgo a la que están expuestos actualmente periodistas, net-ciudadanos y defensores de derechos humanos. Tan sólo en 2012 se registraron un total de 207 agresiones9 contra comunicadores en 25 diferentes estados del país10. También se registraron 565 ataques entre 2009 y 2011, de los cuales 10 fueron asesinatos de mujeres periodistas, además de 72 periodistas asesinados y 15 desaparecidos en los últimos dos sexenios.11

La información incómoda: autocensura e impunidad
Ante el riesgo que viven hoy en día los comunicadores, las tendencias de declarar públicamente la imposibilidad de informar y de sacar temas como la seguridad pública y el narcotráfico de las agencias de comunicación se han ido instalando progresivamente tanto en los medios locales como en los de circulación nacional.12

La censura como medida de seguridad, incluso en las redes sociales, ha llevado a los informadores mexicanos a cuestionarse sobre el deber y el derecho de firmar sus notas. Mientras que para algunos el anonimato es indispensable cuando la firma puede costar la vida, para otros firmar protege más, pues al conservar público lo que se está investigando se puede rastrear la ruta periodística e identificar más fácilmente a los agresores.

En materia de medios de información, México es uno de los países más peligroso para ejercer el periodismo en donde la impunidad es un patrón crónico. Así lo señala el informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias en su Misión a México 2012.13

Casos como los de José Antonio García(Michoacán), Lydia Cacho (Quintana Roo), Armando Rodríguez (Chihuahua) y Regina Martínez (Veracruz) dan cuenta de fenómenos como la ausencia y falta de diligencia en las investigaciones, la fabricación de delitos, la omisión del Estado para ofrecer protección a periodistas y castigar ataques en su contra, e incluso, en algunos casos, una pasiva complicidad de la misma prensa.

En su reporte más reciente, Human Rights Watch14 considera que “las autoridades mexicanas han fallado reiteradamente en su obligación de perseguir e investigar adecuadamente los crímenes contra miembros de la prensa” y no se están realizando los esfuerzos suficientes para garantizar su protección, el derecho a la verdad y la reparación efectiva.

SILENCIO FORZADO (ENGLISH SUBTITLES) from Filmaciones de la Ciudad on Vimeo.

Pero la libertad de expresión de los periodistas no es la única en riesgo. También lo está la de los partidos políticos de oposición, asociaciones civiles15 y ciudadanos usuarios de los llamados medios libres o alternativos que, ante la información silenciada, ofrecen una nueva vía para conocer lo que pasa en el mundo.Así lo confirman el informe “Libertad en la red 2012” y el reporte “Seguridad y Digital Móvil” de Freedom House, en donde se documentan casos de bloqueo a servicios de internet, cuentas craqueadas, computadoras infectadas y ataques a tuiteros y blogueros.16En el contexto mexicano actual, los ataques a la libre expresión se dan de diversas maneras. Por un lado están la restricción o impedimento de la libre circulación de información, el otorgamiento selectivo de licencias o consesiones sobre los medios y la presión sobre las líneas editoriales a través de la publicidad oficial, como formas de premio o castigo. Por otro lado, debido a la poca sensibilidad que existe en relación con la labor que cumplen los comunicadores, los defensores de derechos humanos y las organizaciones no gubernamentales, es común la criminalización de estos grupos y de la protesta social, a través de detenciones arbitrarias con el pretexto de daño a los bienes y al orden públicos o de la imputación de faltas al honor o delitos de difamación calumnia e injurias.

Sorpresivamente se ha detectado que más del 50% de los ataques contra comunicadores en México son perpetrados por funcionarios de todos los órganos de gobierno.17 Principalmente por los cuerpos policiales. En regiones en donde los poderes paralelos se han aliado al institucional o lo han suplantado, las víctimas quedan aún más expuestas.

Los esfuerzos del Estado mexicano
Según el artículo 73 constitucional, las autoridades federales pueden conocer delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos contra periodistas o menoscaben el derecho a la información o la libertad de expresión. No obstante, esta facultad de atracción está condicionada a las adecuaciones en leyes secundarias que todavía no han sido realizadas.18 Además, durante la visita conjunta del Relator Especial de Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en 2010, ambos indicaron no haber recibido información concreta y suficiente sobre condenas penales y administrativas en los casos de delitos contra periodistas.

El mismo año se reformaron los códigos penales en seis estados y el federal para despenalizar delitos de prensa como la calumnia, la difamación e injuria, así como para garantizar el secreto profesional de los periodistas. Sin embargo, por otro lado, en mayo de este año el congreso del estado de Nuevo León aprobó la tipificación de los delitos de daño a la moral y difamación para quien utilice cualquier medio electrónico para difundir, revelar o transmitir imágenes, grabaciones audiovisuales o texto para causarle deshonra, descrédito o perjuicio a una o varias personas. Prevalecen además en 14 estados los delitos contra el honor y subsiste a nivel federal la Ley sobre Delitos de Imprenta de 1917.

Desde su creación en 2006, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas dentro de la Procuraduría General de la República ha reportado un total de 361 averiguaciones previas, de las cuales 18 fueron concluidas por inejercicio de la acción penal y 39 concluyeron en consignación. De las 265 agresiones registradas hasta 2011, sólo un caso cuenta con sentencia condenatoria y en 79 casos la fiscalía tuvo que declarase incompetente por tratarse de delitos de competencia local.19

Durante su visita, el Relator Especial de Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión manifestó su inquietud por que la Comisión Nacional de Derechos Humanos fuera la única institución que cuenta con un registro público y documentado de crímenes contra periodistas, a pesar de la existencia del Subprograma de Sistematización de Información en la Fiscalía. No existe tampoco hasta el momento una base de datos oficial de víctimas desagregada por sexo. Organizaciones como Freedom House, Amnistía Internacional y el Centro Jurídico para los derechos humanos coinciden en que para que la Fiscalía prospere requiere ser fortalecida tanto en su estructura como en sus recursos y protocolos en un marco de transparencia.

A raíz de la promulgación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en 2012 se creó el Mecanismo Federal de Protección de los mismos. De acuerdo con el informe presentado por México para el EPU 2013, hasta junio de 2013 el mecanismo recibió 87 solicitudes. A pesar de que existe el fondo para su operación, de las 4 medidas cautelares que se han dictado ninguna ha podido implementarse debido a que hacen falta los Comités Técnicos y los procedimientos para administrar los recursos del fideicomiso.20

En su tránsito de lo federal a lo local, el mecanismo se ha topado como principal obstáculo con la falta de coordinación y cooperación con los estados, en donde muchas veces la ley termina siendo letra muerta. De los 24 convenios de cooperación celebrados con gobiernos estatales ninguno ha podido traducirse en protección. Ante esto, en junio de este año, una coalición de organizaciones civiles publicó una carta dirigida a los representantes de la Secretaría de Gobernación solicitando fondos suficientes, personal capacitado, apertura de áreas operativas y respaldo político e institucional para la plena implementación del mecanismo.21

Existe también en la Comisión Nacional de Derechos Humanos un programa de agravio a periodistas. En 2009 la Comisión emitió una Recomendación General22 y otras 25, de 2006 a 2012, relacionadas con el tema de la libertad de expresión; pero ninguna de ellas ha derivado en una sanción penal y sólo se han logrado dos sanciones de tipo administrativo.

¿Qué implica la protección?
Conforme los medios van siendo silenciados por la violencia, regiones enteras se han transformado en puntos aislados en donde la información no entra ni sale. En paralelo, el uso de redes sociales para difundir información relacionada con incidentes de seguridad en zonas de riesgo ha proliferado. De modo que las agresiones al ejercicio periodístico se extienden hoy a todos los que participan en la cadena informativa, desde la construcción hasta la difusión de una noticia.

Entender que los blancos de agresiones no son únicamente los miembros de los medios, sino cibernautas, organizaciones civiles, movimientos sociales, minorías y cualquier ciudadano, es esencial para que la política de protección contemple medidas más amplias. Por ejemplo medidas de protección digital y para salvaguardar tanto el anonimato en la red como la integridad física fuera de ella.

Por otro lado, la concepción de la protección a la libertad de expresión en México es todavía limitada. Se prevén medidas como la custodia e instalación de circuitos de seguridad, pero no se atienden aspectos menos visibles, pero igualmente importantes, como el apoyo jurídico y psicológico en los casos de estrés postraumático. En los últimos años cerca de 30 periodistas han tenido que ser reubicados, al menos 12 dentro de territorio nacional y más de 14 en otros países, según la organización Reporteros sin Fronteras. Este fenómeno de migración forzada hace necesaria la atención a los derechos de vivienda, salud, empleo y educación de los periodistas desplazados y de sus familias.

La violencia es la cara más visible de un problema más profundo
Es fundamental esclarecer los ataques y condenar las agresiones en contra de comunicadores, así como sancionar a los responsables, tal como lo afirma Irina Bukova, Directora General de UNESCO.23 Pero más allá de la clara importancia de asegurar el acceso a la justicia, cabe reflexionar sobre el hecho de que los riesgos a los que se enfrenta el ejercicio de la libertad de expresión hoy en día, además de ser herencia de años de corrupción y autoritarismo, proliferan en la falta de un ambiente adecuado y seguro para la realización de todos los derechos humanos.

A la par de la investigación, sanción efectiva y medidas cautelares para la protección de la integridad física, es necesaria una visión preventiva. Ésta implica acciones como el reconocimiento público y la sensibilización de las fuerzas de seguridad, de los comunicadores y de la sociedad en general sobre la importancia de la libre expresión en una sociedad democrática y el papel que desempeñan los comunicadores y defensores de los derechos humanos. Incluye además la creación de protocolos de actuación para los cuerpos policiacos en contextos de protestas sociales.

Recientemente, los relatores especiales para la libertad de expresión de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestaron su preocupación por la reacciones gubernamentales frente a las protestas sociales en el continente americano en los últimos meses. Al respecto mencionaron que en un “contexto de manifestaciones el libre flujo de información a través de medios alternativos es fundamental para mantener a la población informada” y que el deber del Estado no se limita a la protección inmediata sino que incluye también la creación de condiciones necesarias para mitigar el riesgo del ejercicio de la actividad periodística en esas situaciones.24

A un mes del Examen Periodico Universal
En principio, como se lee en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinar y de expresarse. Pero en la práctica, el ejercicio de la libre expresión tiene muchas aristas. Tiene que ver con expresar sin ser molestado a causa de sus opiniones y con recibir o difundir información sin limitación de fronteras. Pero también tiene que ver con el manejo responsable de los espacios mediáticos, para evitar la sujeción de los medios al poder político y la estigmatización de sectores minoritarios de la población.

Tiene que ver además con otros derechos, como el derecho a la privacidad y la protección de datos personales dentro y fuera de la web, el derecho a la información o el derecho a la verdad cuando la información está vinculada a casos de corrupción y a violaciones de derechos humanos. La responsabilidad y penalización por filtro de información confidencial están a la orden del día en los debates contemporáneos sobre libertad de expresión.

Varias medidas para garantizar la libre expresión fueron planteadas al Estado mexicano en forma de recomendaciones durante el Examen Periódico Universal de 2009.25 Otras más se enlistan en el reporte A/HRC/24/23 sobre protección a periodistas, que emitió en julio de este año el Consejo de Derechos Humanos.26 Los avances, aunque existen, se perciben lentos ante una situación inminente de riesgo. Pareciera como si dos realidades divergieran, una en la que se instauran órganos técnicos, se redactan lineamientos y se liberan paulatinamente fondos, y otra en la que las agresiones van en aumento.

Mientras se logra hacer que los gobiernos federal, estatal y municipal se coordinen, mientras se logra dotar a los órganos de independencia y mientras el compromiso político firme y recursos suficientes se concretan, se asoma la idea de crear una instancia provisional de protección, donde los periodistas puedan acudir sin tener que esperar al establecimiento total del mecanismo.

Queda camino por recorrer en el fortalecimiento de las vías de protección a comunicadores, sanción de los delitos contra la libertad de expresión y despenalización de los delitos de prensa. Deben precisarse claramente los criterios por los cuales la información de interés público se puede negar bajo razones de seguridad nacional y doblarse los esfuerzos para garantizar el acceso universal a internet. Hace falta que legislación secundaria en telecomunicaciones establezca reglas equitativas para el otorgamiento de concesiones y publicidad oficial y que se garantice la sustentabilidad de los medios comunitarios, con la existencia de un marco legal claro y sin presiones externas.

En el periodo de discusiones y confrontaciones políticas en que el país se encuentra, es fundamental que los funcionarios públicos, garantes primarios de los derechos fundamentales, no criminalicen, estigmaticen o estereotipen a los manifestantes y sus reivindicaciones. Es especialmente necesario redoblar esfuerzos para la generación de información estadística confiable sobre agresiones a la libertad de expresión, así como la puntual rendición de cuentas ante recomendaciones de mecanismos internacionales de derechos humanos. Y es indispensable además la puesta en marcha de políticas públicas de prevención, protección y combate a la impunidad y sobre todo garantizar la reparación del daño a víctimas.

Hace falta una gran voluntad política y apertura al diálogo franco y transparente con la sociedad civil, pero sobre todo hace falta conciencia. La democracia necesita de la participación ciudadana, pero para que ésta sea efectiva se requiere una prensa libre y ciudadanos participativos, constructivos y atentos, capaces de estar informados, que no saturados, en tiempos de intercambio global hipermediatizado. Estos son hoy los principales retos en materia de libertad de expresión en México.

Notas

  1. Sobresaturación de información, ruido-interferencia que puede llegar a generar angustia en el usuario por no sentirse en condiciones de encontrar la información buscada.
  2. Angustia “no por sentirse asediado por los mensajes electrónicos”.
  3. Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la inversión en internet y nuevas tecnologías explican alrededor 39% del crecimiento económico de países como Dinamarca y Estados Unidos, Japón, en la primera década del siglo XXI.
  4. Declaración conjunta sobre libertad de expresión e internet del Relator Especial de la ONU para la Libertad de Opinión y de Expresión, la Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la Relatora Especial de la Organización de Estados Americanos para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.
  5. http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/oecd-economic-surveys-mexico-2013_eco_surveys-mex-2013-en#page1
  6. http://internetparatodos.mx/cms/wp-content/uploads/2013/02/Iniciativa-Internet-Libre-para-Todos.pdf
  7. Compromisos 39-45 del Pacto.
  8. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5301941&;fecha=11/06/2013
  9. 32 de éstas contra mujeres. Tipo de agresiones: 4 desaparecidos, 24 ataques a medios, 12 privación ilegal de la libertad, 17 desplazamientos, 37 detención arbitrarias, 81 actos de presión o de intimidación, 102 acciones legales contra periodistas, 105 amenazas, 240 agresiones fisicas, 27 asesinatos.
  10. Los estados más violentos durante 2012 fueron el Distrito Federal, con 28 agresiones, Veracruz con 28, Oaxaca con 23 y Baja California con 17.
  11. Informe Artículo 19 “Doble asesinato: La prensa entre la violencia y la impunidad”. Informe “Hecatombe para los actores de la información”, de Reporteros sin Fronteras. Informe Diagnóstico de Violencia contra Mujeres Periodistas”, presentado por Comunicación e Información de la mujer A.C.
  12. El caso de “El Diario” en Ciudad Juárez, por ejemplo http://www.jornada.unam.mx/2010/09/20/politica/005n1pol y el caso de la revista Proceso http://www.proceso.com.mx/?p=339657
  13. http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/174/95/PDF/G1117495.pdf?OpenElement
  14. https://www.hrw.org/sites/default/files/wr2013_web.pdf
  15. Ejemplos de amenazas a la libertad de expresión
  16. http://www.freedomhouse.org/report/special-reports/digital-and-mobile-security-mexican-journalists-and-bloggers
  17. Presuntos agresores: 2% agrupación social, 5% fuerzas partidistas, 5% particular, 16% se desconoce, 14% delincuencia organizada, 53% funcionario publico.
  18. Código Federal de Procedimientos Penales, Código Penal Federal, Leyes Orgánicas del Poder Judicial de la Federación y de la Procuraduría General de la República.
  19. “Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012”, de la Procuraduría General de la República en sus páginas 96 a 101 de la “Primera Etapa”
  20. Pag. 51 Informe Artículo 19 “Doble asesinato: La prensa entre la violencia y la impunidad”. Pag. 22 Informe del México para el EPU http://www.sre.gob.mx/images/stories/docsdh/temasrel/MEPU/mepufinal2013.pdf
  21. http://www.animalpolitico.com/2013/06/envian-carta-abierta-a-osorio-chong-por-incumplimiento-a-proteccion-a-activistas-y-periodistas/#axzz2foewNsRd
  22. Recomendación General No 17 sobre los casos de agresiones a periodistas y la impunidad prevaleciente
  23. http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view/news/director_general_alarmed_by_wave_of_journalist_assassinations_in_mexico_and_calls_for_urgent_investigation/#.UkVVgyQw-2w
  24. Declaración conjunta sobre violencia contra periodistas y comunicadores en el marco de manifestaciones sociales. Septiembre 2013. http://www.libertad-expresion.org.mx/noticias/12109/
  25. Recomendaciones 52-61
  26. http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/24/23

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