Comité de la ONU se pronunció respecto a la situación de la discriminación racial en Ecuador

El Comité de la ONU sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial publicó sus observaciones, recomendaciones y conclusiones después haber examinado a Ecuador los pasados 8 y 9 de agosto en Ginebra.
Seguir leyendo

Comité de la ONU se pronunció respecto a la situación de la discriminación racial en Ecuador

20/09/2017 - Por: Juan Pablo Cabrera

El 28 de agosto de 2017, el Comité sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de las Naciones Unidas (CERD en adelante por sus siglas en inglés) ha presentado las recomendaciones y observaciones que ha formulado después de las sesiones que se llevaron a cabo en Ginebra los días 8 y 9 de agosto en el examen a la República del Ecuador.

En la 93.ª sesión del Comité, durante la cual se examinó el acatamiento de las disposiciones de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial por parte de Ecuador, los 18 expertos que conforman este órgano de la ONU se reunieron con organizaciones de la sociedad civil y con una delegación del Estado compuesta por funcionarios del Poder Ejecutivo y Judicial, así como con miembros de la Misión Permanente de Ecuador en Ginebra ante Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales.

Una de las organizaciones no gubernamentales que estuvieron presentes durante el examen fue la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH), que representó ante el Comité a un colectivo diverso de organizaciones civiles ecuatorianas y extranjeras, como la Fundación Alejandro Labaka, Land is Life, Acción Ecológica, la Coalición Nacional de Mujeres, ECUARUNARI, y el Grupo de Pensamiento Afrodescendiente. Al mismo tiempo, y haciendo eco de la voz de líderes indígenas y exlegisladores del Ecuador, como fue el caso de Lourdes Tibán, la RIDH presentó al Comité seis informes alternativos, los cuales dieron a conocer la situación de la discriminación racial en Ecuador desde fuentes no gubernamentales.

En el documento en el que formuló sus recomendaciones a Ecuador, el Comité observó que “(…) no obstante los grandes logros alcanzado por el Estado parte contra la discriminación racial las brechas socioeconómicas que históricamente han separado a los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios de la población que se autodefine como blanca y mestiza, se mantienen y en algunos ámbitos se han ampliado”.

Igualmente, en aspectos más generales, el Comité exhortó al Estado a “continuar implementando políticas de inclusión social y de desarrollo con identidad que reduzcan los niveles de desigualdad y pobreza, a fin de eliminar la discriminación estructural e histórica dentro del Estado parte”. Así mismo, recomendó “la adopción de acciones para romper el vínculo entre pobreza y racismo, entre otras, mediante la profundización de las medidas especiales o de acción afirmativa”.

Los expertos insistieron al Estado en la importancia de recopilar información en cuanto a los avances y limitaciones en lucha contra todas las formas de discriminación en grupos indígenas, afrodescendientes y montubios en el Ecuador con un detalle estadístico fiable de “etnia, género, edad, regiones, zonas urbanas y rurales”.

Indígenas en aislamiento voluntario en el Parque Nacional Yasuní

Con relación a las comunidades tagaeri taromenane y demás comunidades en aislamiento voluntario dentro del espacio protegido del Parque Nacional Yasuní, el Comité exhortó a Ecuador a que “adopte, sin demora, medidas apropiadas que garanticen la protección de la salud y la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas que se encuentran en aislamiento voluntario o contacto inicial, y tome las medidas necesarias para garantizar su debida implementación”. Así mismo, lo urgió a “dar cumplimiento efectivo al artículo 57 de la Constitución de la República del Ecuador y a las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el 2006 con relación a los Pueblos Tagaeri y Taromenane”.

Desalojos forzados en tierras ancestrales

En relación con el desalojo forzado de poblaciones indígenas, el Comité formuló una recomendación respecto a la comunidad shuar, exigiendo las correspondientes investigaciones y recolección de información, con base en el marco legal de los desalojos en territorio shuar, y tomó nota de la situación de las concesiones que el Estado proporciona en territorios ancestrales donde en realidad existen poblaciones indígenas de las ramas shuar ecuatorianas.

Acerca del mecanismo de la consulta libre, previa e informada, el Comité se pronunció de esta manera:

“El Comité reitera su recomendación anterior (CERD/C/ECU/CO/20-22, PARR. 17) sobre el derecho a la consulta previa, libre e informada, e insta al Estado parte a:  […] c) Investigar las denuncias en torno al presunto desplazamiento de familias Shuar, en relación al proyecto minero San Carlos Pananza, y adoptar las medidas que procedan”.

Este artículo no pretende abarcar la totalidad de los asuntos abordados por el Comité en su examen de Ecuador, que incluyeron la situación de los defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas y afroecuatorianos, o la armonización legal de las jurisdicciones indígena y ordinaria. Pero sí quiero enfatizar en que la insuficiencia de la información, en temas como los delitos de odio, fue ampliamente criticada.

Los expertos también mostraron interés en urgir  a Ecuador a cumplir con su obligación de promover la educación intercultural y bilingüe en relación con las lenguas indígenas e  involucraron el tema de movilidad humana, sugiriendo la implementación de medidas para promover la inserción de los migrantes y refugiados en el sistema social, e hicieron referencia a la discriminación estructural.

Crear un ambiente de concientización, respeto y mejora de la situación de los derechos humanos y de la lucha contra la discriminación racial en Ecuador es un aspecto que tiene mucho por delante al tratarse de un país diverso y plurinacional. Al Estado le queda también pendiente la tarea de seguir la última recomendación de este grupo de expertos de la ONU, que lo insta a “que presente su informe periódico 25º a más tardar el 1 de enero de 2020, teniendo en cuenta las directrices relativas a la presentación de informes aprobadas por el Comité”.