Los derechos de las mujeres como derechos humanos: genealogía de una transformación legal y política inacabada

La enorme cantidad de violaciones de los derechos humanos de las mujeres demuestra la necesidad urgente de seguir mejorando las herramientas jurídicas existentes, tanto a nivel conceptual como a nivel de su utilización concreta en términos de exigibilidad, accesibilidad, aplicabilidad y efectividad.
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Los derechos de las mujeres como derechos humanos: genealogía de una transformación legal y política inacabada

18 de Mayo de 2017 - Por: Yira Lazala

Actualmente los derechos humanos de las mujeres son el objeto de un extenso cuerpo de literatura en diferentes disciplinas de las Ciencias Sociales, tales como las Ciencias Políticas, las Relaciones Internacionales, la Sociología y la Antropología, además de las Ciencias Jurídicas. Hoy en día este concepto es transversal a los programas de varias organizaciones internacionales y ONG, así como un eje del diseño de políticas públicas en numerosos contextos.

Al trazar la emergencia de este concepto y de su institucionalización, es posible hacer tres aseveraciones: 1) su adopción es más bien reciente, 2) las relaciones entre la academia feminista y los movimientos sociales de mujeres, especialmente en América Latina, han sido específicamente relevantes, intensas y complejas en este proceso; 3) sigue existiendo un profundo desfase entre los mencionados cambios formales y las reales condiciones de vida de las mujeres a lo largo y ancho del planeta.

En este artículo analizo brevemente las causas de estas constataciones.

Los derechos de las mujeres como derechos humanos

La lucha por los derechos humanos de las mujeres tiene una larga y compleja genealogía que ha supuesto varias transformaciones políticas en aspectos tales como los diseños institucionales del Estado, las relaciones internacionales, las formas de vinculación entre los organismos públicos y las organizaciones de la sociedad civil, así como cambios en las relaciones de poder entre diversos movimientos sociales. Adicionalmente, las nociones de igualdad y justicia, así como el rol del derecho en la reproducción de las inequidades de género, han sido profundamente cuestionadas por numerosas académicas y activistas feministas.

De manera general, la idea de los derechos ha sido un motor central de la vida política, intelectual y cultural de las sociedades occidentales, principalmente en Europa, desde finales del siglo XVIII. En el caso de los derechos de las mujeres, desde la Revolución Francesa de 1789, de la que emerge la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, surge también la primera crítica feminista a la equiparación ciudadano=hombre sobre la que las nacientes concepciones del Estado moderno y de los derechos “universales” se fundamentaban.

En 1791 la activista abolicionista y dramaturga francesa Olympe de Gouges publica la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, una parodia de la declaración oficial en la que manifiesta que los conceptos de igualdad y justicia que fundamentan la revolución francesa no son suficientemente amplios dado que excluyen completamente a las mujeres negándoles el estatus de ciudadanas (Manzanera, 2017). Posteriormente, a lo largo del siglo XIX surgen diversos movimientos de mujeres que demandan ser incluidas en la vida política, primordialmente a través del derecho al voto.

En el siglo XX, tras el final de la II Guerra Mundial, inicia una nueva fase de la relación entre derechos humanos, equidad de género y orden internacional. En 1945 tiene lugar la Conferencia de San Francisco, en la que 50 delegaciones de diferentes Estados se congregaron para escribir la Carta de la Organización de Naciones Unidas (ONU).  Si bien en muy pocos textos de ciencias sociales se discute el rol de las mujeres en la redacción de este documento, lo cierto es que tuvieron un papel fundamental. Entre las delegaciones oficiales de Estados y de organizaciones no gubernamentales hubo varias mujeres que hicieron contribuciones esenciales a la redacción de la Carta, entre las que se destacan el hecho de que la defensa de los derechos humanos quedara como uno de los pilares de la nueva organización, creando la Comisión de Derechos Humanos (CDH), y la mención explícita a la prohibición de la discriminación basada en el “sexo” (Facio, 2011).

De acuerdo con Alda Facio (2011), la mayoría de delegados presentes consideraban que redactar una cláusula sobre la igualdad bastaba para contener los derechos de las mujeres dentro de los principios de la nueva organización de naciones. Sin embargo, las delegadas de Brasil, México y República Dominicana defendieron la idea de que era indispensable incluir de manera explícita la prohibición de la discriminación por “sexo”, con el fin de que la exclusión de las mujeres fuera considera una injusticia del mismo nivel que la discriminación racial, étnica y religiosa (Facio, 2011).

En 1946 se crea la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW). Originalmente esta fue pensada como una subcomisión de la CDH, pero desde su primera reunión las delegadas integrantes solicitaron que fuera transformada en una comisión autónoma dentro del Consejo Económico y Social (ECOSOC). Una de las primeras tareas fundamentales de la CSW fue participar en la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Las delegadas lograron que en el texto se cambiara la frase “todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos” por la formulación “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos” (Facio, 2011).

Poco tiempo después, la CSW dejó de centrar su trabajo en una perspectiva de derechos humanos para asumir más bien un enfoque de “desarrollo”. Esto situó a los derechos humanos de las mujeres en un limbo institucional por muchos años dentro del sistema internacional, dado que la CDH consideraba que estos eran un tema de la CSW mientras que esta última afirmaba que las violaciones concretas a los derechos humanos de las mujeres no entraban en su mandato. Así, el trabajo de la CSW se centró en incluir a las mujeres dentro del orden social vigente sin cuestionar las causas de su posición subalterna dentro el mismo, ni buscar estrategias de transformación estructural (Facio, 2011).

Uno de los logros más relevantes de la CSW durante este periodo fue la redacción de la “Declaración de la eliminación de la discriminación contra la mujer”, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 7 de noviembre de 1967[1], y a partir de la cual, en 1979, se redactaría la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), principal instrumento legalmente vinculante de derechos humanos de las mujeres en el sistema internacional de la ONU (Facio, 2011).

En 1975 se llevó a cabo la Conferencia de México, primer gran encuentro internacional destinado exclusivamente a la discusión de temas relativos al mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres en las diferentes geografías del mundo. Como resultado de la conferencia, los Estados parte adoptaron el “Plan de Acción de la Ciudad de México” y se declaró al período 1975-1985 como el Decenio de Naciones Unidas para las Mujeres.

Esta conferencia marcó un hito al permitir la creación de una plataforma transnacional de encuentro entre diversas organizaciones del mundo para la discusión sobre el avance de los derechos de las mujeres, evidenciándose al mismo tiempo que era necesario cuestionar la universalidad del sujeto político “mujer”, ya que las mujeres no eran un grupo homogéneo y también dentro de ellas había desigualdades y relaciones de poder complejas, además de una gran diversidad de visiones políticas. Por otra parte, durante esta conferencia, la demanda a los Estados de remediar la desigualdad formal entre hombres y mujeres en las disposiciones jurídicas se extendió también a la responsabilidad de brindar información y herramientas a las organizaciones interesadas para que pudieran exigir el cumplimiento de sus derechos de manera sustantiva, siendo esta la génesis de las estrategias de “educación legal popular” (Facio, 2011).

El 18 de diciembre de 1979, la Asamblea General de la ONU adoptó en Nueva York la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer” (CEDAW). Esta empieza a tener el estatus de tratado legalmente vinculante a partir del 3 de septiembre de 1981 cuando veinte países la habían ratificado[2], y empezó a ser considerada uno de los principales 9 tratados del sistema de derechos humanos de Naciones Unidas después de la Conferencia de Viena de 1993 (Facio, 2011).

En 1985, año de cierre del Decenio de Naciones Unidas para las Mujeres, un cambio de enfoque en la comprensión de la relación violencia de género, derechos humanos y discriminación se empezó a gestar, durante la Conferencia Mundial de Nairobi. Si bien en la Segunda Conferencia para la Mujer, realizada en Copenhague en 1980, el tema de la violencia fue prioritario, este se abordó desde un enfoque de salud y no como una cuestión de discriminación, de injusticia y, consecuentemente, de derechos humanos. Por el contrario, luego de la Tercera Conferencia Mundial de Nairobi, activistas empezaron a discutir estrategias para incluirla dentro de la categoría de derechos humanos (Facio, 2011).

Uno de los debates a los que la perspectiva feminista del derecho ha contribuido de forma más sustantiva es el reconocimiento de que las violaciones a los derechos cometidas por individuos o empresas son también violaciones de los derechos humanos, bajo la aseveración de que la separación entre lo privado y lo público es una construcción social que ha justificado la exclusión de las mujeres de la vida política y económica.

En este sentido, las aproximaciones feministas al derecho permitieron plantear la idea de que excluir la vida privada del marco jurídico de los derechos humanos es un gran desacierto. A través de la crítica a la separación entre la privado y lo público, las perspectivas feministas lograron posicionar el principio de que el Estado tiene también la responsabilidad de prevenir y castigar las violaciones de derechos humanos que agentes privados cometen, y que, en caso contrario, se convierte en cómplice del agresor (Facio, 2011).

El rol de las organizaciones de mujeres de diferentes lugares del mundo, especialmente de América Latina, fue definitivo en este proceso. Por ejemplo, en 1986, en el marco del Quinto Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado en México, se llevó a cabo un taller llamado Los derechos de las mujeres también son humanos, con el fin de discutir la utilidad de movilizar el lenguaje de derechos humanos para aproximarse a la inequidad de género y sus diferentes manifestaciones en el contexto de las dictaduras latinoamericanas (Facio, 2011, Álvarez, 2001).

Adicionalmente, en 1988 el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) lanzó el proyecto Género y derechos humanos con base en las discusiones sostenidas en una reunión internacional con feministas de numerosos países de la región, coordinada por Alda Facio, en la que se debatió acerca del carácter sexista de las metodologías y contenidos de los principales tratados internacionales de derechos humanos (Facio, 2011).

Un hito relevante para que se cristalizara la idea de que los derechos de las mujeres son derechos humanos fue el lanzamiento, en 1989, del proyecto Los derechos de las humanas de la Comisión de Derechos Humanos de Centroamérica (CODEHUCA), con el fin de explorar posibles maneras de defender jurídicamente a Magdalena Góngora, ciudadana costarricense que podía ser condenada a la pena de muerte por el asesinato de su esposo, quien la había sometido a siete años de violencia doméstica. La conclusión del proyecto fue que ni el marco de derechos humanos ni los códigos del derecho civil o penal tipificaban claramente la violencia doméstica. Frente a este vacío jurídico, el argumento de defensa se centró en vincular el marco internacional de los derechos humanos y la violencia contra las mujeres, y se manifestó por primera vez que situaciones que ocurren en el ámbito privado son también violaciones del derecho internacional de derechos humanos (Facio, 2011).

De acuerdo con Facio (2011), mientras que en casi todo el resto del mundo el movimiento de mujeres fue la referencia del movimiento de derechos humanos, en América Latina sucedió lo contrario debido a los contextos de dictadura y lucha armada (Facio, 2011). Lo cierto es que desde los años 80 la relación entre movimiento feminista y movimiento de derechos humanos en América Latina ha estado marcada por la oscilación entre periodos de gran divergencia y periodos de gran articulación (Tate, 2007).

Antes del final de los años 80 el movimiento de derechos humanos en América Latina, liderado mayoritariamente por hombres, consideraba la violencia contra las mujeres como un asunto secundario en comparación con problemáticas como la violencia de Estado y la persecución a los sectores de izquierda. Sin embargo, las activistas feministas y académicas latinoamericanas fueron pioneras en definir la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos. Como se mencionó anteriormente, esto se debe a que, en el contexto de las dictaduras que golpearon a la región durante la Guerra Fría, el lenguaje de los derechos humanos se convirtió en la principal herramienta de diversos movimientos sociales y políticos alternativos para denunciar la desigualdad, la represión y la violencia de Estado. Así, el discurso de derechos humanos se erigió como el instrumento más eficaz para obtener apoyo en las arenas internacionales de incidencia (Tate, 2007, Facio, 2011).

En los años 90, en pleno contexto pos Guerra Fría, las conferencias internacionales de derechos humanos atravesaron un período de auge, como estrategia para transformar la dinámica establecida durante el periodo de la Guerra Fría, cuando la CDH se convirtió primordialmente en un escenario de confrontación bipolar, en el que Estados Unidos defendía los derechos civiles y políticos, mientras la Unión Soviética defendía los derechos económicos, sociales y culturales.

La Segunda Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena, llevada a cabo del 14 al 25 de junio de 1993, fue uno de los hitos para la integración del concepto de derechos humanos de las mujeres en el derecho internacional público. Esta fue la primera conferencia internacional de derechos humanos celebrada después del fin de la Guerra Fría. Antes se había llevado a cabo una primera reunión internacional en Teherán, Irán, en abril y mayo de 1968, para celebrar los 20 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Desde que la Asamblea General decidió organizar la conferencia de 1993, el comité de la CEDAW puso en marcha, en colaboración con organizaciones de todo el mundo, una estrategia para fortalecer la protección de los derechos humanos de las mujeres. En enero de 1992, justo antes del inicio de la sesión del comité, se organizó una reunión internacional con organizaciones no gubernamentales con el objetivo de redactar una recomendación general sobre violencia de género, adicional a la Convención. Este fue el origen de la Recomendación General 19 (RG19), en la que la violencia de género queda muy claramente definida como una forma de discriminación y por ende como una violación del marco internacional de los derechos humanos (Facio, 2011).

Unos meses antes, en 1991, varias ONG de mujeres del mundo entero organizaron por primera vez la campaña 16 días de activismo contra la violencia de género, que se sigue realizando hasta el día de hoy, del 25 de noviembre, Día Internacional Contra la Violencia hacia las Mujeres, al 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. A través de las dos primeras ediciones de la campaña (1991-1992) se recolectó más de medio millón de firmas en las redes de activistas del mundo entero para pasar una petición, traducida a veintitrés idiomas, dirigida a los Gobiernos participantes en la Conferencia de Viena. En este documento se demandaba que el tema de los derechos humanos de las mujeres fuera transversal a todos los puntos de la agenda y que la violencia contra las mujeres fuera definida como una violación de los derechos humanos que necesita una respuesta inmediata (Riles, 2002, Facio, 2011) [3].

A nivel regional, en 1992 se llevó a cabo una reunión satélite en San José de Costa Rica, llamada La Nuestra, para articular a las organizaciones de mujeres de América Latina de cara a la Conferencia de Viena. Durante esta reunión, se tuvo la idea de escribir una declaración universal de los derechos humanos con perspectiva de género [4], y exigir la caracterización de los derechos de las mujeres como derechos humanos. Se acordó solicitar también la declaración de la violencia de género como una violación al marco internacional de los derechos humanos, el nombramiento de una relatora especial sobre la violencia contra las mujeres, la adopción universal del Protocolo Facultativo de la CEDAW, y la creación de mecanismos directos para recoger demandas de víctimas de violaciones de los derechos humanos de las mujeres (Facio, 2011).

Además de numerosas conferencias regionales hubo cuatro preconferencias en las que diversas organizaciones de mujeres de todas las regiones del mundo coordinaron su incidencia para la Conferencia de Viena. La última tuvo lugar en Ginebra y fue un gran éxito: lograron persuadir a varios delegados y delegadas de misiones diplomáticas de que reconocer los derechos de las mujeres como derechos humanos era la mejor estrategia para demostrar la interdependencia entre los derechos económicos, sociales y culturales, y los derechos civiles y políticos. En el contexto de pos Guerra Fría, este argumento fue estratégico y resonante (Facio, 2011).

A Viena asistieron representantes de 171 Estados y 800 ONG, y se convirtió en la mayor reunión de derechos humanos hasta entonces llevada a cabo. Los derechos humanos de las mujeres fueron un tema central, en gran parte como resultado de la campaña “16 Días de Activismo Contra la Violencia de Género”. Otros debates a los que se les dio especial importancia fueron los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de las minorías.

Se había establecido la norma de no evaluar las situaciones de violaciones de derechos humanos en casos concretos sino de abordar de una manera más conceptual el sentido del sistema internacional de derechos humanos en el contexto de la post Guerra Fría. Por estos motivos, la conferencia estuvo fuertemente marcada por la tensión entre el bloque de naciones que criticaba la universalidad de los derechos humanos como una herramienta de imposición de agendas y valores occidentales en contextos en los que había concepciones divergentes de la cultura, la política y el Estado; y aquellas naciones que criticaban el así llamado relativismo cultural como un argumento en contra de la idea misma de los derechos humanos, movilizada como excusa para no alinearse con ellos (Goodale, 2006).

El principal resultado de esta conferencia fue la declaración de que los derechos humanos eran “indivisibles, interdependientes e interrelacionados”, que tenía el objetivo de eliminar la oposición geopolítica entre Estados que priorizaban los derechos civiles y políticos y aquellos que priorizaban los derechos económicos, sociales y culturales que caracterizó la diplomacia de derechos humanos durante la Guerra Fría.

Así mismo, durante esta Conferencia se institucionalizó la postura de que existe un vínculo de dependencia entre la democracia, el desarrollo económico y los derechos humanos. Además, se demandó la creación de una Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) y el incremento de los fondos para la CDH, así como garantías para la participación de las organizaciones de la sociedad civil en el sistema internacional de derechos humanos. La conferencia también recalcó la importancia de que las ONG continuaran participando en la infraestructura internacional de los derechos humanos[5].

En conjunto, la Conferencia de Viena produjo resultados relevantes para los movimientos de mujeres entre los que se encuentran el hecho de que la violencia basada en género fuera categorizada como una violación a los derechos humanos más que como un crimen común y, por consiguiente, que situaciones tales como la violencia contra las mujeres en el marco de conflictos armados fuera tipificada al mismo tiempo como violación del marco internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario (DIH).

Adicionalmente, durante esta conferencia se determinó que los derechos de las mujeres debían ser transversales a todas las acciones de la ONU en materia de derechos humanos, y se hizo un llamado a la ratificación universal de la CEDAW y su Protocolo Facultativo, que posibilita a las mujeres hacer solicitaciones al Comité en tanto individuos (Facio, 2011).

Por otra parte, después de la conferencia de Viena se aprobó el mandato para la relatora especial sobre violencia contra la mujer, vigente desde marzo 1994 y ratificado por última vez en 2013; y a nivel regional se firmó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de Belém do Pará, en junio de 1994.

Esta Convención estableció que la violencia de género es una violación de derechos humanos que también puede ser cometida por el Estado cuando este no actúa de forma decidida para combatir la discriminación en dos ejes: transformaciones legales progresivas para promover la equidad de género, y estrategias para promover cambios sociales, económicos y culturales en las estructuras sociales que producen y reproducen la exclusión de las mujeres. La Convención hace especial hincapié en la situación de particular vulnerabilidad de mujeres de minorías étnicas, grupos raciales discriminados, de migrantes, niñas, ancianas, desplazadas, mujeres privadas de la libertad y/o en estado de embarazo. Además, concede a las personas individuales la capacidad de iniciar procesos contra sus Estados ante la Corte Interamericana en casos de incumplimiento de sus responsabilidades [6].

En septiembre de 1995 tiene lugar la Cuarta Conferencia de Naciones Unidas para la Mujer, en la ciudad de Beijing. Esta conferencia representa un punto de giro del mismo alcance que la Conferencia de Viena en razón de la adopción de la “Declaración” y la “Plataforma de Acción”, a través de la cual los firmantes se comprometían a lograr la igualdad entre géneros tomando una perspectiva de derechos humanos. Así, los Estados parte acordaron defender de forma activa el derecho fundamental de las mujeres a vivir una vida libre de violencias, al acceso a la salud sexual y reproductiva libre de presiones, y a combatir la impunidad en casos de crímenes de guerra contra las mujeres.

Además, a través de la de Declaración de Beijing los derechos humanos de las mujeres y las niñas quedaron claramente definidos como inalienables, integrales e inseparables del resto de derechos y libertades fundamentales [7]. Estas disposiciones implicaron la creación de programas nacionales de equidad para las mujeres, aplicando un enfoque de género y de derechos humanos, así como el apoyo y cumplimiento de las disposiciones de los organismos de vigilancia de los tratados internacionales, con el fin de facilitar la realización de la perspectiva de género de los mandatos (Facio, 2011).

Posteriormente, en 1996, a través de la resolución 1996/6, el ECOSOC amplió el mandato de la CSW, otorgándole la responsabilidad de hacer monitoreo y seguimiento de la implementación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y de la incorporación transversal de la perspectiva de género en las actividades de Naciones Unidas. Desde entonces, la CSW coordina un período de sesiones anual en el que, durante dos semanas, representantes de las misiones diplomáticas de los Estados parte, de las organizaciones de la sociedad civil, y expertos de las distintas organizaciones del sistema de Naciones Unidas se reúnen en Nueva York para discutir los avances y desafíos en la implementación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, haciendo énfasis cada año en un tema particular.

El último período de sesiones de la CSW tuvo lugar en marzo de 2017 y se centró en el tema del posicionamiento de los intereses de las organizaciones de mujeres de la sociedad civil en las agendas internacionales, especialmente en la Agenda 2030, resaltando de forma especial la implementación de medidas efectivas para promover el empoderamiento económico de las mujeres en las condiciones actuales del mercado del trabajo.

Por otra parte, en 2010 la Asamblea General creó ONU Mujeres, al fusionar en una sola institución la División para el Desarrollo de la Mujer, el Instituto Internacional de Investigación y Capacitación para la Promoción de la Mujer, la Oficina del Consejero Especial sobre temas de género y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer.

El rol de la teoría feminista del derecho

Como se describió antes, las reflexiones sobre derechos humanos en clave de género se han ido integrando paulatinamente al sistema internacional de Naciones Unidas gracias a la convergencia entre los movimientos sociales de mujeres y el desarrollo de la teoría social feminista (Riles, 2002).

La teoría feminista del derecho ha señalado que las leyes, procedimientos e instituciones jurídicas han sido escenarios centrales de la producción y reproducción de la inequidad de género, demostrando que tanto las legislaciones como la forma en que estas son interpretadas y aplicadas contribuyen en numerosos casos a la dominación masculina. La principal manera en la que esto ocurre es a partir de la invisibilización de la distribución inequitativa del poder y los recursos entre los géneros, fundamento de las sociedades patriarcales, bajo la supuesta neutralidad de los instrumentos jurídicos.

La teoría jurídica tradicional está basada en una estrecha concepción de lo humano y de la ciudadanía, que asume a LOS sujetos de derechos como individuos, hombres, blancos, en edad productiva y sin ninguna discapacidad (Jaramillo, 2000). Así mismo, ha señalado que la igualdad formal no elimina por sí misma las desiguales reales originadas en la distribución inequitativa del poder que se manifiesta en el acceso desigual a recursos, bienes y servicios, entre otros. La igualdad formal frente a la ley no ha sido suficiente para transformar dicha estructura (Vergel, 2012).

Más allá de la igualdad, la equidad y no discriminación son los conceptos que permiten construir justicia sustantiva, dado que implican reconocer las diferentes posiciones de poder que los sujetos ocupan en los órdenes sociales y redistribuirlo de modo más equitativo a través de diversos mecanismos. Así, la justicia sustantiva implica tanto la igualdad formal como la redistribución de poder, así como la valoración de la diversidad y la diferencia (Rodríguez).

La búsqueda de justicia sustantiva por parte de diferentes segmentos de los movimientos sociales de mujeres ha supuesto también un impulso transformador para las concepciones de la democracia, de la ciudadanía, la participación e incluso del multilateralismo. En una coyuntura histórica como la actual, en la que la política internacional está dando un giro hacia la derecha en numerosas geografías, es de vital importancia visibilizar las fundamentales contribuciones que los debates políticos y académicos sobre los derechos humanos de las mujeres, liderados por académicas feministas y movimientos sociales de mujeres a lo largo y ancho del planeta, han hecho a varios procesos transformativos fundamentales para las sociedades contemporáneas.

Los movimientos sociales de mujeres han tenido un rol crucial en la evolución de los discursos de derechos, entre estos los de derechos humanos, al reclamar su ampliación y profundización para que sean verdaderas herramientas de la modificación sustantiva y no solo formal de relaciones inequitativas de poder de diversa índole. Adicionalmente, han señalado que la desigualdad de género está atravesada por otras categorías de distribución asimétrica del poder tales como lo son la clase social, raza, etnia, edad etc., configurando una estructura interseccional de desigualdad. Las perspectivas feministas han contribuido a enriquecer las legislaciones en general y su puesta en práctica, han abierto también horizontes para otros grupos sociales discriminados y han buscado permanentemente estrategias para hacer del derecho un instrumento sustantivo de la transformación social.

Adicionalmente, el feminismo ha entendido la diferencia de una manera divergente con relación a las categorías universalistas emblemáticas del proyecto intelectual y político de la Modernidad y la Ilustración. Esta divergencia tiene un fuerte impacto sobre el tipo de aproximaciones que los feminismos, especialmente en el Sur Global, han defendido, así como sus subsecuentes visiones del Estado, las identidades nacionales, los derechos y la acción social transformativa, lo que ha incrementado su carácter innovador (Viveros, 2012).

Conclusión

Aunque en la actualidad numerosos países incluyen en sus Constituciones la idea de igualdad de derechos entre mujeres y hombres, y aseveran que no tienen leyes discriminatorias, un análisis más exhaustivo de los sistemas jurídicos existentes permite observar la gran distancia que aún existe entre la igualdad formal y la desigualdad real.

Por tanto, la no discriminación es aún un objetivo inacabado para la gran mayoría de mujeres del mundo, aunque también es claro que la evolución de los derechos humanos ha sido guiada por el reconocimiento de ciertos actos de violencia contra las mujeres como violatorios del principio de no discriminación. En ese sentido, una de las victorias más importantes de las últimas décadas ha sido el sacar la violencia contra las mujeres del ámbito de lo privado para entenderla más bien como un fenómeno estructural que resulta de la inequidad de género propia de las sociedades patriarcales (Staff Wilson, 1998).

Por otra parte, a pesar de la importancia que un instrumento de derecho internacional de derechos humanos como la CEDAW ha tenido en términos simbólicos, aún existen obstáculos muy significativos para su uso sustancial, principalmente la falta de conocimiento del mismo y el poco uso que de este hacen las organizaciones del movimiento de mujeres en diversas regiones del mundo (Facio, 2011).

En este orden de ideas, es clara la necesidad de hacer una evaluación permanente de la eficacia de los instrumentos existentes para la defensa de los derechos humanos de las mujeres, con el fin de reformularlos para que cumplan de manera más efectiva su objetivo de generar justicia para el conjunto de la sociedad. La enorme cantidad de violaciones de los derechos humanos de las mujeres que siguen ocurriendo a lo largo y ancho del planeta demuestran la necesidad urgente de seguir mejorando las herramientas jurídicas existentes, tanto a nivel conceptual como a nivel de su utilización concreta en términos de exigibilidad, accesibilidad, aplicabilidad y efectividad (Staff Wilson, 1998).

Notas

[1] Más detalles en: http://www.ub.edu/ciudadania/hipertexto/evolucion/textos/mujer1967.htm

[2] Más detalles en http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx

[3]Más detalles en:  http://www.omct.org/files/2008/11/5202/16_days_activism_backgroud_sp.pdf

[4] Más detalles en: http://www.cotidianomujer.org.uy/1998/8declara.htm

http://www.cwgl.rutgers.edu/docman/coalition-building-publications/380-los-derechos-de-las-mujeres-son-derechos-humanos-1/file

[5] Más detalles en: http://www.un.org/es/development/devagenda/humanrights.shtml

[6] Más detalles en: http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html

[7]Más detalles en: http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa_s_final_web.pdf

Bibliografía

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